Los primeros gobiernos republicanos de México y Perú proyectaron integrar sus desarticulados territorios independientes mediante el mejoramiento del transporte terrestre y marítimo. Hacia la segunda mitad dei siglo XIX, conforme iban superándose los efectos de la crisis política y económica poscolonial, las clases dominantes latinoamericanas encontraron condiciones propicias para discutir la conveniencia de aplicar los recursos fiscales en la modernización productiva de sus países introduciendo nuevos elementos tecnológicos. A inicios del decenio de 1860, el fortalecimiento del erario y las instituciones estatales vino acompañada de un discurso modernista, dentro del cual los ferrocarriles representaban el sustento indispensable para los futuros planes desarrollistas. La prensa y el Congreso canalizaron entonces los debates impulsados desde las regiones y provincias sobre cuáles rutas (longitudinales o de penetración) eran las más adecuadas para las respectivas configuraciones geográficas nacionales, y qué sistema financiero (privado, estatal o mixto) debía elegirse para construir y administrar las redes ferroviarias.