Tras una inicial vocación reformista, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha optado por retroceder en una serie de ámbitos, regresando a la conocida lógica de priorizar la atracción de inversiones extractivas incluso si ello implica sacrificar regulaciones socioambientales.
En efecto, una serie de reformas prometidas han quedado estancadas: la propuesta de “megaconsulta” ciudadana sobre el ordenamiento territorial –lanzada por el propio presidente– ha quedado en el olvido; el Gobierno se resiste a implementar la consulta previa para pueblos indígenas en el caso de las comunidades de la zona andina –precisamente donde se encuentra la mayoría de proyectos mineros– coincidiendo de esa manera con la postura de
Alan García; la reforma del sistema de certificación ambiental se ha limitado a la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que aún no entra en funcionamiento, al tiempo que el decreto supremo N°060-2013-PCM viene permitiendo la aprobación acelerada de los estudios ambientales pendientes por parte de los ministerios, debilitando una gestión ambiental trans sectorial y deshaciendo con una mano lo que aparentemente se hacía con la otra.