Han transcurrido más de diez años desde que el Gobierno optara por promover la inversión privada en los servicios públicos y su infraestructura mediante los mecanismos de privatización y concesión, con un modelo en el que debía cambiar el papel del Estado, de intervenir en la actividad productiva a participar solamente como regulador, para lo cual creó los organismos reguladores autónomos. El objetivo de ello fue la ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios, debido a que el sector público enfrentaba desde tiempo atrás problemas de eficiencia en la provisión de tales servicios, así como severas restricciones financieras para atender las inversiones y el mantenimiento adecuado de la infraestructura.