Imaginemos a dos parejas de personas adultas, Honorato Huamancuri y Fortunata Huancahuari, y Armando McFarland y Amanda Anderson. En una sociedad donde el acceso a la educación y la salud básicas, y a otros servicios públicos gratuitos, es igual para todos los ciudadanos, no deberíamos encontrar que Honorato ni Armando tengan diferencias en la obtención de esos servicios si ambos intentaran acceder a ellos. Esto también sería cierto para todos los que comparten el mismo origen del apellido que Fortunata y que Amanda, y que cualquier otro ciudadano. De la misma manera, si Honorato y Armando tuvieran las mismas habilidades requeridas para desempeñar un trabajo determinado, así como equivalente experiencia laboral, sus oportunidades de acceso al mercado laboral deberían ser similares, así como sus posibilidades de ascenso y sus salarios, siempre y cuando (y aquí está el quid del asunto) los empleadores se fijaran solo en esos atributos para contratar, y decidir los ascensos y el aumento de salarios.